Casi tres de cada cuatro obras y proyectos ejecutados en el
marco del primer ‘Plan E’ de Zapatero, en el año 2009, no fueron declarados “de
necesidad pública” para los municipios en los que se realizaron. Así lo ha afirmado
la fiscalización llevada a cabo por el
Tribunal de Cuentas del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y que concluye
que el 70% de los proyectos financiados incumplió con uno de los requisitos
básicos para la adjudicación de los fondos invertidos. En total, se gastaron
unos 8.000 millones de euros que suponían el 0,8% del PIB de España en el año
2009.
Un estudio sobre el que se desarrolla una muestra de 1.270
proyectos llevados a cabo en 700 ayuntamientos y municipios y pone en
entredicho dos de las principales bases sobre las que se articuló ese primer
plan de estímulo de la economía con el que se intentó atajar los efectos del
pinchazo de la burbuja inmobiliaria: el fondo no sirvió para crear empleo
estable a largo plazo, ya que solo el 4% de los trabajadores contratados
seguían trabajando en la empresa a finales de 2011. Tampoco desarrolló obras
consideradas de necesidad básica para los municipios que, en su mayoría,
aprovecharon el ‘Plan E’ para desarrollar obras ya previstas con anterioridad y
no ejecutadas por falta de fondos.
Así, y según las conclusiones del Tribunal de Cuentas, solo
el 26% de las entidades analizadas (179 municipios) manifestó haber establecido
las necesidades públicas de la localidad como criterio para seleccionar los
proyectos que se presentaron después al Ministerio de Administraciones Públicas
para su aprobación. El órgano fiscalizador destaca, en este sentido, que si
bien la mayoría de los corporaciones manifestó su intención de satisfacer
cuestiones básicas, “solamente un número reducido utilizó el orden de prelación
de las necesidades del municipio para presentar al Ministerio unos proyectos y
no otros y llevó a cabo un proceso interno de selección de proyectos en base a
criterios preestablecidos y la propuesta se acompañó de una justificación de la
necesidad pública a satisfacer”. Es más, el 37% de las entidades consultadas no
incluyeron tampoco en la propuesta del proyecto una motivación razonada que
justificase la necesidad de la inversión, “lo que supone –según el Tribunal-
una debilidad del proceso de selección, en tanto en cuanto, el momento en el
que se propone la realización de un proyecto es el más oportuno para justificar
su necesidad y la unidad proponente es quien mejor conoce las razones de la
propuesta”.
El Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) fue creado en el
marco del ‘Plan E’ para favorecer aquellas inversiones de ejecución inmediata
que contribuyesen, a su vez, a dinamizar a corto plazo la actividad económica e
influyeran directamente en la creación de empleo. En la solicitud de
financiación, los ayuntamientos debían indicar obligatoriamente el número de
personas que se preveía que serían ocupadas con dichos proyectos si bien, en la
práctica, dichas comunicaciones fueron, casi en la mitad de los casos, meras
estimaciones que luego se quedaron lejos de la realidad o no se cumplieron por
parte de las empresas adjudicatarias.
Según las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal de
Cuentas, las empresas adjudicatarias incumplieron el compromiso de contratación
de desempleados en el 11% de los contratos suscritos. Este incumplimiento
afectó a 14.206 desempleados que podrían haber encontrado trabajo a raíz del
‘Plan E’. Otro 12% de los proyectos fue adjudicado a empresas que no se
comprometieron a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo,
mientras que el 8% de los contratos no incluyó siquiera la condición especial
de que el nuevo personal que el contratista necesitase emplear se encontrase en
situación de desempleo.
Por todo ello, el órgano concluye que los ayuntamientos no
consideraron la creación de empleo como una prioridad a la hora de elegir los
proyectos, lo que da más bazas todavía a la tesis de que muchos de ellos
aprovecharon el canal de financiación abierto por el Gobierno para ejecutar obras
ya previstas con antelación.
Así la cosas, la mayoría de los trabajadores empleados en
las obras del ‘Plan E’ formaban parte de sus respectivas empresas antes de que
se ejecutasen los proyectos financiados por el FEIL. Solo el 4% de los que
fueron contratados específicamente para dicho plan continuaban trabajando en
las empresas durante el segundo semestre de 2011.
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